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Solicitan auditoría a Pensiones y al Fideicomiso «Nuevo Cancún»
La diputada Elisa Ayón solicitó además que se investigue a notario que avaló escrituras irregulares
OC | Juana María Ramírez
Que se realice una exhaustiva auditoría a Pensiones del Estado y al fideicomiso del proyecto inmobiliario-turístico de «Chalacatepec», además de una investigación sobre el desempeño del notario público número 35, con sede en Zapopan, Jalisco, Pablo González Vázquez, quien certificó de forma irregular la propiedad de los terrenos para dicho proyecto pidió la diputada del PRI, Elisa Ayón Hernández.
Debido a que todo lo concerniente a este proyecto está envuelto en una vaguedad que debe eliminarse, dijo señalando como muestra de ello la negativa de las empresas que ejecutan este desarrollo -«Chala Mar», «Paraland» y «Chalalegre»- a entregar la documentación que solicitaron los diputados de la comisión especial para el estudio, análisis y en su caso reforma de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado.
«El 25 de mayo pasado se llevó a cabo la tercer reunión de trabajo, en la cual supuestamente se iba a contar con la presencia de los representantes legales de las empresas, sin embargo, sólo acudió una persona en representación de ellos, y entregó cinco engargolados; durante la misma, solicité el proyecto ejecutivo, dictámenes de viabilidad de proyectos, de uso de suelo, de impacto ambiental, planos topográficos, contrato de gestión de proyecto, plan de negocios y los demás documentos necesarios para estar en condiciones de poder aclarar dudas y realizar cuestionamientos, sin embargo, nunca se nos proporcionó la información requerida», explicó.
Incompleta e irregular. Peor aún, agregó la diputada del PRI, es que en los engargolados que entregaron, la información no sólo es incompleta sino que además reflejan irregularidades en el proceso de certificación notarial, por lo que insistió en que también se debe investigar al notario que signó esos documentos.
«En la información que entregaron se incluye la resolución de amparo agrario que únicamente contempla una parte del predio de 592 hectáreas; de éste se advierte una nota complementaria en la que existe una manifestación de una posible excedencia que suman 4,629 hectáreas, las cuales cabe señalar que se realizó con fecha posterior a la resolución de amparo, por lo que la adquisición de la propiedad de los inmuebles presenta irregularidades», apuntó.
Ayón Hernández insistió en la necesidad de que se transparente por completo el manejo de los recursos por parte del Instituto de Pensiones del Estado, por lo que exhortó a sus compañeros a avalar la aprobación de su propuesta.